La normativa vigente establece penas de 48 a 108 meses de prisión (cuatro a nueve años) para este delito. Otro delito es la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que consiste en ocultar bienes o declarar deudas falsas para disminuir el pago de impuestos, lo cual puede acarrear penas de tres a siete años y medio. La DIAN ha informado que ya ha denunciado a 1.200 evasores ante la Fiscalía, señalando un endurecimiento en su política de persecución contra el fraude fiscal.