Sin embargo, la propuesta ha generado alarma en las gobernaciones departamentales y en la industria, que advierten sobre un posible aumento del contrabando y una afectación a las rentas locales. El Gobierno argumenta que la medida está alineada con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual sostiene que los impuestos elevados a estos productos reducen su consumo y previenen enfermedades. El debate se ha intensificado dado que el consumo de alcohol en Colombia alcanzó un récord de 3.200 millones de litros al año. No obstante, las secretarías de Hacienda de departamentos como Cauca y Valle del Cauca han expresado su preocupación. En el Cauca, por ejemplo, el 60% de los ingresos propios proviene de estos gravámenes, que financian salud, educación y deporte. Una simulación de la Secretaría de Hacienda del Cauca indica que el impuesto sobre una botella de aguardiente podría aumentar cerca de un 80%, lo que, según advierten, favorecería el contrabando y el consumo de licor adulterado, poniendo en riesgo tanto las finanzas departamentales como la salud pública. La directora de Prolicores, Catalina Lasso, también alertó que un aumento de hasta el 40% en los impuestos afectaría a miles de familias que dependen de la industria.