La Ley de Financiamiento 2025, una reforma tributaria propuesta por el Gobierno para recaudar 16,3 billones de pesos adicionales, ha encontrado un ambiente adverso tanto en el Congreso de la República como en el sector privado. La iniciativa, crucial para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, es criticada por su potencial impacto negativo sobre la inversión, la competitividad y la inflación. El proyecto, cuyo recaudo fue ajustado a la baja desde una meta inicial de 26,3 billones, busca asegurar los recursos para el presupuesto de 546,9 billones de pesos. Para ello, contempla medidas como el aumento de la carga tributaria para personas con ingresos altos, un impuesto al patrimonio de hasta el 5%, y sobretasas a los sectores financiero y extractivo. Una de las propuestas más polémicas es el incremento de impuestos a licores, cervezas y cigarrillos, que según la Gobernación del Cauca, podría disparar el contrabando y afectar las rentas departamentales destinadas a salud y educación. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha sido uno de los opositores más firmes, solicitando formalmente al Congreso archivar el proyecto. El gremio advierte que la reforma elevaría la tasa nominal combinada para inversionistas a niveles que la harían una de las más altas de la OCDE, desincentivando la llegada de capital. Políticamente, la reforma enfrenta un panorama complejo.
Un sondeo de Valora Analitik entre los congresistas ponentes reveló que no cuenta con respaldo mayoritario, y partidos como Cambio Radical y el Liberal han manifestado su rechazo unificado.
Aunque el Gobierno ha mostrado flexibilidad al descartar el IVA a la gasolina y la cerveza, el tiempo para lograr consensos es limitado antes de que finalice la legislatura.
En resumenLa reforma tributaria de 2025 se perfila como una batalla legislativa clave para el Gobierno, que necesita los recursos para cumplir sus metas fiscales y de inversión. Sin embargo, la fuerte oposición del sector empresarial y la falta de apoyo político en el Congreso ponen en duda su viabilidad, planteando un escenario de incertidumbre sobre las finanzas públicas del país para el próximo año.