Disputa fiscal entre la DIAN y Reficar por IVA a combustibles importados genera alerta
Una controversia tributaria de alto impacto se ha desatado entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar) por una deuda reclamada de aproximadamente 1,5 billones de pesos por concepto de IVA a la importación de combustibles. La disputa ha escalado a instancias legales y ha generado una seria preocupación por la posible parálisis de la refinería, lo que pondría en riesgo la seguridad energética del país. La DIAN sostiene que, según la Ley 1819 de 2016 y conceptos recientes, la importación de gasolina y ACPM está gravada con una tarifa de IVA del 19%, y reclama el pago retroactivo desde 2022. Ante la falta de pago, surgieron versiones sobre un posible embargo de las cuentas de Reficar, lo que, según la propia empresa, podría forzar un cese total de sus operaciones en un plazo de 7 a 11 días. Reficar, que representa el 48% de la capacidad de refinación de Colombia, interpuso una acción de tutela argumentando que un embargo vulneraría derechos fundamentales y pondría en peligro el suministro nacional de combustibles. La Unión Sindical Obrera (USO) también alertó sobre el riesgo para más de 4.600 empleos. En respuesta a la creciente alarma, la DIAN emitió comunicados aclarando que, si bien mantiene su postura sobre la obligación tributaria, “no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos” contra Reficar o cualquier otra importadora de combustibles. A pesar de esta aclaración, la autoridad fiscal insiste en que “los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo”, manteniendo abierta la investigación y la presión sobre la filial de Ecopetrol, cuya situación financiera ya se reporta como frágil.



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De acuerdo con dirigentes consultados por Infobae Colombia, la estructura de costos en los establecimientos formales refleja que la nómina equivale a un 25% de la operación. El incremento obliga a ajustes inmediatos Se estima que en Colombia hay entre 132.000 a 134.000 establecimientos gastronómicos formales, lo que demuestra que es un importante segmento para la economía del país. El aumento del salario mínimo y el impacto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) generan una alarma en la industria de los restaurantes de Colombia. Desde el sector describen un panorama donde la sostenibilidad financiera de los establecimientos pende de un hilo y la informalidad sigue predominando. Por un lado, la informalidad afecta a cerca del 80% de losnegocios gastronómicos, mientras que el costo laboral y de insumos se dispara y los clientes reducen sus consumos. El ajuste de la remuneración, que subió un 23%, y la entrada en vigor de nuevas reglas sobre recargos nocturnos, llevaron a que el costo mensual de un empleado con recargos y prestaciones sociales pueda alcanzar acercarse a los $4.000.000 mensuales. Frente a esto, Infobae Colombia consultó a representantes del sector sobre las consecuencias, tanto para ellos como para los consumidores. Por un lado, el presidente de la Junta Directiva de la Agremiación Nacional de Gastronomía y Turismo Sostenible (Angat) Gabriel Calderón. El dirigente precisó que “una persona hoy en día puede estar saliendo por $3.600.000 al mes”. La cifra es el resultado de sumar el salario base, horas extra y recargos nocturnos, que pueden representar hasta […]

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