La propuesta, que incluye aumentos en impuestos a licores, patrimonio y renta, es criticada por su potencial impacto negativo sobre la inversión, la competitividad y el consumo. La iniciativa es considerada crucial por el Ejecutivo para financiar completamente el Presupuesto General de la Nación de 2026, aprobado en 546,9 billones de pesos.

Sin embargo, su trámite legislativo se anticipa complejo.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha solicitado formalmente al Congreso archivar el proyecto, argumentando que tendría graves repercusiones económicas. Según el gremio, la reforma elevaría la tasa nominal combinada sobre utilidades empresariales a niveles que harían al país poco competitivo para la inversión extranjera y nacional, llegando hasta un 70,5% en algunos casos.

Políticamente, el proyecto carece de un respaldo mayoritario.

Partidos como Cambio Radical y el Partido Liberal han manifestado su intención de votar en contra, mientras que otros congresistas han expresado dudas sobre la conveniencia de la reforma y los ajustados plazos para su debate. El Gobierno ha mostrado flexibilidad, anunciando que se descartarían propuestas iniciales como el IVA a la gasolina y a la cerveza, y que el texto se ajustará sobre la marcha en el Congreso para reducir el recaudo de 26,3 a 16,3 billones de pesos. A pesar de estos ajustes, se mantienen gravámenes al patrimonio, la renta y al sector financiero.

Adicionalmente, varias administraciones departamentales, como las del Cauca y Valle del Cauca, han advertido que el aumento de impuestos a licores y cigarrillos podría incentivar el contrabando, afectando las rentas locales destinadas a salud y educación.