El Gobierno Nacional ha revertido su propuesta de imponer una retención en la fuente del 1,5% a los pagos electrónicos, estableciendo la tarifa en 0%. La decisión responde a una masiva retroalimentación ciudadana y gremial que alertó sobre los riesgos de desincentivar la digitalización financiera y fomentar el retorno al uso del efectivo. Inicialmente, el Ministerio de Hacienda y la DIAN habían publicado un borrador de decreto que buscaba aplicar una retención del 1,5% a transacciones en plataformas como Nequi, Daviplata y el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B. El objetivo declarado era “nivelar las reglas del juego” con los pagos tradicionales con tarjetas de débito y crédito, que ya estaban sujetos a dicha retención.
Sin embargo, la propuesta generó más de 170 comentarios de ciudadanos, gremios como Colombia Fintech y el sector financiero, quienes advirtieron que la medida tendría un efecto contraproducente. El principal temor era que un gravamen generalizado impulsara “el uso desmedido del efectivo”, lo cual, según el director (e) de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, “debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones que es una herramienta muy útil en nuestra lucha contra la evasión y el contrabando”. Atendiendo a estas preocupaciones, el Gobierno modificó radicalmente el proyecto.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la intención de unificar las reglas se mantiene, “pero ya no según una retención del 1,5%, sino una retención del 0%”. Esta nueva tarifa del 0% se aplicará tanto a los pagos por billeteras digitales como a las transacciones con tarjetas, eliminando de paso la retención existente para estas últimas. La medida fue celebrada por el ecosistema fintech como un avance para la inclusión financiera y la economía digital.
En resumenLa decisión del Gobierno de establecer una retención en la fuente del 0% para todos los pagos electrónicos, incluyendo tarjetas y billeteras digitales, marca un importante cambio de política. Impulsada por la presión pública y sectorial, la medida busca activamente promover la digitalización financiera, la transparencia y la trazabilidad, evitando desincentivar el uso de estas herramientas clave para la modernización económica del país.