Una disputa tributaria de alto calibre entre la DIAN y Reficar, filial de Ecopetrol, ha escalado, centrada en el cobro retroactivo del 19% de IVA a la importación de combustibles. Esta controversia no solo implica una suma multimillonaria, sino que también amenaza la estabilidad operativa de la refinería y la seguridad energética del país. El conflicto se origina en la exigencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) del pago de aproximadamente 1,5 billones de pesos por concepto de IVA no liquidado en la importación de gasolina y diésel desde 2022. La entidad fiscal fundamenta su reclamo en la Ley 1819 de 2016 y en conceptos recientes (010763 de 2024 y 08922 de 2025) que ratifican que dichas importaciones están gravadas con la tarifa general del 19%. A pesar de los rumores, la DIAN ha aclarado oficialmente que “no se han decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobro coactivo a ninguna empresa importadora de combustibles”, aunque subraya que quienes no hayan pagado los tributos deberán hacerlo. En respuesta, Reficar ha interpuesto una acción de tutela, argumentando una vulneración al debido proceso y al principio de legalidad tributaria. La compañía advierte que un eventual embargo de sus cuentas podría paralizar sus operaciones en un plazo de 7 a 11 días. Esto tendría un impacto sistémico, ya que Reficar procesa el 48% de la refinación del país y abastece a regiones clave como el Caribe.
Una interrupción forzaría a Colombia a incrementar las importaciones de combustibles a precios internacionales, afectando las finanzas públicas.
La Unión Sindical Obrera (USO) también ha expresado su preocupación, alertando sobre el riesgo para más de 4.600 empleos. La situación se agrava por la frágil condición financiera de Reficar, que reportó pérdidas en 2024, limitando su capacidad para absorber un choque financiero de esta magnitud.
En resumenLa controversia entre la DIAN y Reficar por el cobro del IVA a combustibles importados representa un punto crítico para el sector energético y fiscal de Colombia. Mientras la DIAN se mantiene firme en su interpretación legal, las advertencias de Reficar sobre una posible parálisis operativa evidencian los altos riesgos económicos y de abastecimiento que están en juego, manteniendo en vilo al mercado a la espera de una resolución judicial o administrativa.