La reforma tributaria incluye un controvertido aumento de impuestos para las bebidas alcohólicas, presentado por el Gobierno como una medida de salud pública para combatir el consumo récord. La industria licorera y gobiernos departamentales advierten sobre graves impactos económicos y el riesgo de un aumento del contrabando. El Ejecutivo justifica la medida señalando que el consumo de alcohol en Colombia alcanzó un récord histórico de 3.200 millones de litros al año, con graves implicaciones para la salud pública. La propuesta se alinea con recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma que los impuestos son eficaces para reducir el consumo y prevenir enfermedades. Según la OMS, un incremento del 50% en el precio de estos productos podría evitar 50 millones de muertes prematuras a nivel global en 50 años.
Sin embargo, la industria se opone firmemente.
Catalina Lasso, directora ejecutiva de Prolicores, advirtió que un aumento de hasta el 40% en los impuestos “no solo amenaza la industria, sino miles de familias que dependen de ella, especialmente quienes trabajan en restaurantes, bares, hoteles y eventos”.
Esta preocupación es compartida por administraciones departamentales como la del Valle del Cauca, que teme que la medida incentive el contrabando, afectando las rentas regionales. En cuanto a la cerveza, la información es contradictoria: mientras el presidente Petro anticipó que se descartaría un aumento de impuestos, un artículo menciona que la propuesta busca implementar un esquema mixto similar al de los licores, gravando por grados de alcohol y no solo por precio, lo que estaría más acorde con la evidencia científica.