El director encargado de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, enfatizó que el objetivo es “fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, dotando al país de un marco normativo claro y actualizado que aporte seguridad jurídica y responda a la dinámica del comercio exterior”. La iniciativa introduce principios garantistas clave, como la prohibición de la doble sanción por un mismo hecho y un principio de legalidad estricto, asegurando que ninguna sanción o decomiso pueda aplicarse sin una norma previa que lo respalde explícitamente. Desde el sector privado, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) ha respaldado la propuesta. Juan Diego Cano, su director de asuntos legales, destacó que el cambio más significativo es el enfoque de clasificación, que “abandona la estructura por tipo de usuario aduanero [...] y adopta un enfoque basado en la conducta y la obligación incumplida”. Esta colaboración entre el gobierno y los gremios empresariales en la construcción del proyecto sugiere un consenso que podría facilitar su trámite legislativo, promoviendo un entorno más predecible y eficiente para el comercio internacional de Colombia.