En una declaración conjunta, gremios como la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (ACIL) y Prolicores, junto a empresas como la Fábrica de Licores de Antioquia, Diageo y Pernod Ricard, expresaron su profunda preocupación.

Argumentan que un encarecimiento desmedido del licor legal no desincentivará el consumo, sino que lo desviará hacia el mercado ilícito. Advierten que la participación del licor ilegal, que actualmente se estima en un 22,4%, podría duplicarse hasta alcanzar el 50%, lo que representaría un grave riesgo para la salud pública por el consumo de bebidas adulteradas. Además, el sector destaca su importancia económica, al generar más de 200.000 empleos directos e indirectos y representar el 1,5% del PIB nacional. Subrayan que su contribución fiscal anual de 3,9 billones de pesos es fundamental para las finanzas de los departamentos, ya que financia servicios esenciales como la salud y la educación, cubriendo el salario de más de 232.000 maestros y enfermeras. Por ello, hacen un llamado al Gobierno y al Congreso para abrir un "diálogo técnico y constructivo" y evaluar los efectos económicos y sociales de la medida, concluyendo que "hoy no hay marcas, hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos".