Se ha enfatizado que "no se está proponiendo un nuevo impuesto sino ajustando Retención en la fuente ya existente".

La medida aplicaría a los ingresos por ventas de bienes o servicios que reciben los comercios a través de plataformas como Nequi, Daviplata, PSE y el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B. Sin embargo, el Gobierno aclaró que las transferencias entre personas naturales que no constituyan un ingreso tributario, como giros a familiares o amigos, y los pagos recibidos por personas naturales no responsables del IVA, estarían exentos.

A pesar de estas aclaraciones, la propuesta ha enfrentado un rechazo casi unánime de gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif, y diversas figuras políticas.

Los críticos advierten que la medida podría desincentivar el uso de medios digitales y fomentar un regreso al efectivo, lo que socavaría los avances en inclusión financiera y formalización. Existe una preocupación particular por el impacto en los pequeños comercios y micronegocios, cuyos márgenes de ganancia son reducidos y podrían verse obligados a asumir el costo o trasladarlo a los consumidores. Además, se considera que la medida es un "tiro en el pie" para la adopción del sistema Bre-B, diseñado precisamente para reducir los costos transaccionales y el uso de efectivo.

Sondeos en redes sociales reflejan una oposición superior al 90% por parte de los usuarios.