Tras un acuerdo con el Congreso para aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2026, el Gobierno ha recortado su meta de recaudo para la nueva ley de financiamiento (reforma tributaria) de $26,3 billones a $16,3 billones. Este ajuste implicó la eliminación de algunas de las propuestas más polémicas para facilitar su trámite en un año preelectoral. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, describió el proceso como un “ejercicio constructivo y dinámico” con el legislativo, que resultó en una reducción de $10 billones tanto en el monto del presupuesto como en la meta de la reforma. Entre los cambios más significativos se encuentra la exclusión del incremento al IVA de la gasolina y la suspensión del impuesto a la cerveza, dos de los puntos que habían generado mayor resistencia.
Sin embargo, el Gobierno mantendrá otras propuestas clave que considera progresivas.
Estas incluyen incrementos al IVA para licores de alto contenido alcohólico, un aumento en el impuesto al patrimonio para fortunas superiores a $2.000 millones y ajustes en el impuesto de renta para personas con ingresos mensuales por encima de $10,2 millones. El sector financiero también seguirá siendo un foco de la reforma, ya que el ministro Ávila considera que “debe aportar más a las finanzas del país”. A pesar de la incertidumbre política, el Gobierno confía en que el ambiente de consenso logrado con el presupuesto permita construir las mayorías necesarias para aprobar esta ley de financiamiento, crucial para evitar un aumento del déficit fiscal.
En resumenPara asegurar la aprobación del presupuesto 2026, el Gobierno ha moderado su propuesta de reforma tributaria, eliminando los impuestos a la gasolina y la cerveza. La nueva "Ley de Financiamiento" se centrará en gravar patrimonios e ingresos altos y al sector financiero, en una estrategia pragmática para obtener los recursos necesarios y lograr consenso político.