La industria sostiene que esta medida tendría un efecto contrario al deseado, fortaleciendo el mercado ilegal y afectando pilares económicos y culturales del país. En una declaración conjunta respaldada por gremios como ACIL y Prolicores, empresas como la Fábrica de Licores de Antioquia, Diageo y Pernod Ricard argumentan que encarecer el licor legal no frena el consumo problemático, sino que lo desvía hacia el contrabando y la adulteración. Advierten que el mercado ilícito, que actualmente representa el 22,4 % del consumo, podría duplicarse hasta alcanzar un “alarmante 50 %”, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.

Además del impacto en la seguridad pública, señalan las consecuencias económicas. El sector licorero, que representa el 1,5 % del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, aporta anualmente 3,9 billones de pesos a las finanzas departamentales, recursos destinados a financiar la salud y la educación.

Un aumento desmedido en los impuestos podría reducir este recaudo al debilitar el mercado formal.

Por ello, las empresas hacen un llamado al diálogo para construir una política tributaria equilibrada que no “castigue directamente la legalidad”. Como concluye su comunicado: “Hoy no hay marcas, hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos”.