Este margen fiscal permitió al Gobierno reconsiderar las propuestas más sensibles para la opinión pública y el Legislativo. Según el ministro, se tomó la decisión de “excluir el incremento al IVA de la gasolina, que era el único que generaba alguna transferencia a la canasta familiar”. En cuanto a la cerveza, Ávila reconoció que es un producto de “amplio consumo social”, por lo que se buscó no afectar a los sectores de ingresos bajos y medios. Este movimiento se interpreta como una concesión estratégica para facilitar la aprobación del resto de la reforma en un año preelectoral, concentrando el esfuerzo fiscal en gravámenes considerados más progresivos. La nueva estructura de la reforma se enfocará en los impuestos al patrimonio, la renta para los ingresos más altos y el sector financiero, manteniendo el objetivo de una tributación más equitativa sin generar un costo político elevado por afectar productos de consumo popular.