En una declaración conjunta, empresas como Diageo, Pernod Ricard y Brown Forman, junto con las licoreras departamentales, manifestaron su profunda preocupación.

Argumentan que un aumento desproporcionado en la carga fiscal no desincentivará el consumo, sino que lo desplazará hacia productos de contrabando o adulterados, que ya representan el 22,4 % del mercado y podrían escalar hasta el 50 %. “La experiencia histórica demuestra que encarecer el trago legal no frena el consumo, sino que lo desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en riesgo la vida del consumidor”, advirtió el gremio. Las empresas critican que el impuesto sea selectivo y se aplique únicamente a los destilados, lo que consideran una medida que “castiga directamente la legalidad”.

El sector, que aporta anualmente $3,9 billones en impuestos y genera más de 200.000 empleos, resalta su importancia cultural y económica. “Tradiciones como el brindis con aguardiente, ron o whisky no solo son parte esencial de nuestra identidad, sino que actúan como motores de crecimiento para el país”, afirmaron. A pesar de estas advertencias y el llamado al diálogo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que, si bien se retiró el impuesto a la cerveza, se mantendrán los incrementos sobre los licores de alto contenido alcohólico.