Inicialmente, el Ejecutivo había propuesto un presupuesto de $556,9 billones que requería una ley de financiamiento por $26,3 billones. Sin embargo, tras un proceso de concertación con el Congreso, se acordó un recorte de $10 billones tanto en el gasto como en la meta de recaudo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó este proceso como un “ejercicio constructivo y dinámico”.

Sin la reforma, el déficit fiscal podría ascender al 8,2 % del PIB en 2026, una cifra que desbordaría las metas fiscales del propio Gobierno.

La iniciativa se centrará en impuestos progresivos, como el de renta para personas con ingresos superiores a $10,2 millones mensuales, el impuesto al patrimonio para bienes por encima de $2.000 millones, y gravámenes al sector financiero y algunos ambientales.

A pesar de la confianza del Ejecutivo en lograr un consenso, la propuesta enfrenta una fuerte oposición.

El senador Efraín Cepeda anunció su voto negativo, argumentando: “No vamos a votar con los ojos cerrados una reforma tributaria de 16 billones”.

El congresista cuestionó la baja ejecución presupuestal del Gobierno y afirmó que no se puede seguir “metiéndole la mano al bolsillo de los colombianos”.