La propuesta incluye modificaciones significativas en diversos impuestos, generando controversia sobre sus posibles efectos macroeconómicos y su adhesión a los principios de equidad y progresividad. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha alertado sobre la crítica situación fiscal, señalando que uno de cada tres pesos de los impuestos se destina al pago de la deuda. Según su presidenta, Astrid Martínez, el presupuesto de 2026 requiere un recorte de 45 billones de pesos. En este contexto, el proyecto de reforma busca recaudar fondos mediante el aumento de la tarifa de renta para empresas de hidrocarburos, el incremento de impuestos al consumo de alcohol y cigarrillos, un gravamen a los dividendos que pasaría del 20% al 30%, y un aumento del IVA del 5% al 19% para vehículos híbridos. Adicionalmente, la DIAN evalúa incluir en una futura reforma a las plataformas de contenido para adultos como OnlyFans.

Sin embargo, el Carf ha expresado preocupación por algunas de estas medidas, advirtiendo que podrían generar "efectos macroeconómicos adversos".

Se cuestiona si el proyecto cumple con los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, mientras el país enfrenta problemas de evasión fiscal, corrupción y control ineficaz del gasto público.