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Caso de presunto contrabando técnico salpica diplomáticos colombianos
Irregularidades en importación de vehículos diplomáticos generan millonario detrimento fiscal
Una auditoría de la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC) ha revelado un presunto contrabando técnico en la importación de vehículos por parte de diplomáticos colombianos, generando un perjuicio fiscal que supera los 38.000 millones de pesos. Este hallazgo pone en evidencia graves fallas en los controles aduaneros de la DIAN y el posible abuso de los beneficios arancelarios otorgados a funcionarios en el exterior. La investigación, que abarcó el periodo entre 2020 y 2024, identificó un detrimento fiscal exacto de $38.464 millones debido a la omisión en el pago de tributos aduaneros. Según la directora de la ITRC, Eva Carolina Madrid, este perjuicio “golpea de forma severa la capacidad de recaudo del Estado en materia aduanera”. La ley colombiana otorga a los diplomáticos que retornan al país exenciones de entre el 30% y el 100% en el pago de aranceles para la importación de sus vehículos, pero bajo condiciones estrictas de tiempo y valor que no fueron cumplidas. La auditoría encontró que tanto los inspectores aduaneros como los sistemas de perfilamiento de riesgo de la DIAN omitieron los controles necesarios, permitiendo un posible detrimento de $37.165 millones por este concepto. Además, se detectaron importaciones fuera de los plazos legales permitidos y violaciones a los topes de valor de los vehículos, lo que sumó más de $1.200 millones en aranceles no recaudados. Las fallas estructurales, como la falta de soportes y actuaciones de funcionarios sin competencia, agravaron la situación. Ante estos hallazgos, la ITRC ha solicitado a la DIAN implementar controles automatizados en sus sistemas de importaciones para verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir futuros abusos de estos beneficios fiscales.
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En resumenLa investigación de la ITRC destapa un esquema de posible contrabando técnico que aprovechó las exenciones arancelarias para diplomáticos, resultando en un detrimento fiscal de más de $38.000 millones. Las fallas sistémicas en los controles de la DIAN permitieron la importación irregular de vehículos entre 2020 y 2024. Como respuesta, se ha solicitado la implementación de controles automatizados para prevenir futuros abusos y proteger el recaudo aduanero del país.
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