La nueva ley de financiamiento, o reforma tributaria, radicada por el Gobierno Nacional, contiene un amplio abanico de medidas que van más allá de los titulares sobre los impuestos a la gasolina o al sector financiero. El proyecto busca recaudar $26,3 billones (cifra que se ajustaría a la baja tras el recorte presupuestal) a través de una serie de modificaciones al Estatuto Tributario que afectarían a diversos sectores y actividades económicas. Entre los puntos más destacados se encuentra la propuesta de endurecer el impuesto al patrimonio y, de manera controversial, dejarlo como un gravamen permanente, con una tarifa que podría llegar al 5 %, considerada una de las más altas del mundo. También se plantea elevar los gravámenes a los dividendos de inversionistas extranjeros al 30 %, superando a países competidores de la región. Además, el proyecto contempla la ampliación de la base del IVA del 19 % a nuevos bienes y servicios.
Esto incluye el cobro de este impuesto a los juegos de azar, plataformas digitales e iglesias. Asimismo, se propone eliminar la exención de IVA de la que gozan los turistas extranjeros en gastos de hospedaje y aumentar al 19 % el IVA para vehículos híbridos y para las boletas de conciertos y eventos deportivos cuyo costo supere los $500.000. La reforma también añade un impuesto al carbono que encarecería la operación empresarial.
En conjunto, estas medidas configuran una de las reformas más ambiciosas en la historia reciente del país.
En resumenLa reforma tributaria propuesta por el Gobierno es un paquete complejo de medidas que busca aumentar el recaudo de manera significativa. Sus componentes clave, como la permanencia del impuesto al patrimonio y la ampliación de la base del IVA, han generado un intenso debate sobre su equidad y sus posibles efectos en la economía nacional.