La propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro, con la que se espera recaudar cerca de $26 billones de pesos, ha generado fuertes críticas por su potencial impacto directo sobre la clase media colombiana. Aunque el discurso oficial se centra en gravar a los sectores de mayores ingresos y a las grandes empresas, varios de los puntos propuestos afectarían el bolsillo de un segmento más amplio de la población. Uno de los artículos que generó mayor controversia fue el que planteaba el aumento de impuestos a la gasolina, lo cual habría encarecido el transporte y, por extensión, el costo de vida general. Si bien esta medida fue retirada, otras propuestas contenidas en el proyecto siguen generando preocupación.
Analistas señalan que el encarecimiento del capital y la mayor carga sobre las empresas, descritos como un acto de “jodencia”, no solo afectan a los grandes inversionistas, sino que tienen un efecto en cascada. Este impacto se traduce en menor acceso a financiación para emprendedores, crédito más caro para las mipymes, pérdida de competitividad para los exportadores y, en última instancia, un riesgo para los empleos de los trabajadores. La discusión sobre el proyecto de ley de financiamiento se ha centrado en que, al final, las cargas tributarias impuestas al sector productivo terminan siendo trasladadas a los consumidores a través de precios más altos o se manifiestan en una menor dinámica económica que afecta las oportunidades de la clase media.
En resumenMás allá del debate sobre la tributación a las grandes fortunas, existe una creciente preocupación de que la nueva reforma tributaria, a través de sus efectos indirectos sobre los costos de producción y la inversión, termine por erosionar el poder adquisitivo y la estabilidad económica de la clase media colombiana.