Esta política busca fomentar la transición hacia una movilidad más sostenible y reducir el impacto ambiental del transporte en el país. Los incentivos principales son dos: una deducción especial en el impuesto sobre la renta y la exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA). La deducción permite a los contribuyentes descontar una porción del valor de la inversión en su declaración de renta, lo que disminuye la base gravable y, por ende, el impuesto a pagar. La exclusión del IVA representa un ahorro directo y significativo en el precio de compra del vehículo.

Para acceder a estos beneficios, es indispensable cumplir con ciertos requisitos.

El vehículo debe ser para uso personal, no para fines comerciales, y debe contar con la certificación emitida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que valida que el automóvil cumple con los estándares de eficiencia energética y tecnologías limpias establecidos por la ley. Además, la compra debe estar debidamente soportada con los documentos tributarios correspondientes, como la factura de venta. Estos beneficios son parte de una estrategia gubernamental más amplia para promover la adopción de tecnologías limpias y contribuir a los objetivos de sostenibilidad energética de Colombia.