Esta medida ha sido duramente criticada por gremios y analistas.

Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, calificó el aumento propuesto para su sector como “prácticamente confiscatorio”, argumentando que ya pagan una tarifa del 40 %, superior a la de otras industrias. Por su parte, el superintendente Financiero, César Ferrari, aunque reconoció la necesidad de resolver el problema fiscal del país, señaló que “es natural que las empresas que tienen más utilidades contribuyan más”. Sin embargo, el mismo superintendente admitió que a largo plazo la estructura tributaria debería migrar a gravar más a las personas naturales que a las empresas. Los críticos del proyecto advierten que estas tarifas elevadas, sumadas a un impuesto al patrimonio que se pretende dejar permanente y una retención a dividendos para no residentes del 30 %, colocarían a Colombia como uno de los destinos más costosos del mundo para la inversión, afectando la competitividad y el crecimiento económico.