Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2026 por un monto de $546,9 billones. La aprobación de esta cifra, que representa una reducción de $10 billones frente a la propuesta original del Gobierno de $556,9 billones, fue un paso crucial que reconfiguró el debate sobre la reforma tributaria y demostró una intensa negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El proceso estuvo marcado por la presentación de tres ponencias distintas: una oficialista que mantenía el monto original, una del Centro Democrático que proponía un recorte drástico a $530 billones, y una alternativa de la Alianza Verde que planteaba la reducción de $10 billones que finalmente fue la base del consenso. Este acuerdo fue fundamental para evitar que el presupuesto fuera expedido por decreto, un escenario que generaba incertidumbre jurídica y política.
La reducción del gasto proyectado disminuyó la presión sobre la necesidad de recaudo adicional, lo que permitió al presidente Petro retirar del proyecto de reforma tributaria los polémicos aumentos de impuestos a la gasolina y la cerveza. A pesar del recorte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en que una ley de financiamiento sigue siendo una “palanca fundamental” para el presupuesto, aunque ahora la meta de recaudo se ajuste a una cifra cercana a los $16 billones.
En resumenLa aprobación de un presupuesto reducido para 2026 fue el resultado de una negociación política que influyó directamente en la política fiscal del país. Este evento subraya la interdependencia entre las decisiones de gasto y la necesidad de generar ingresos, obligando al Gobierno a moderar sus ambiciones tributarias para lograr consensos en el Congreso.