Gremios empresariales, analistas y exfuncionarios han manifestado una profunda preocupación por las consecuencias negativas que la nueva propuesta de reforma tributaria podría tener sobre la inversión, la competitividad y el clima de negocios en Colombia. La principal crítica es que el continuo aumento de la carga impositiva a las empresas desincentiva la llegada de capital extranjero y la permanencia del tejido empresarial local. Los críticos argumentan que la reforma de 2022 ya elevó la tasa combinada de tributación socio-empresa por encima del 60 %, una de las más altas del mundo, y que la nueva propuesta agravaría esta situación. Se citan como evidencia los efectos macroeconómicos adversos ya observados: la desaceleración del crecimiento del PIB del 7,3 % en 2022 a solo 0,6 % en 2023, la caída de la formación bruta de capital a mínimos históricos y la disminución de la inversión extranjera directa de USD 17.400 millones en 2022 a menos de USD 14.500 millones en 2024.
Además, se informa que más de 6.000 grandes contribuyentes han cambiado su residencia fiscal.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, afirmó que “una tributación excesiva termina siendo contraproducente al limitar la capacidad del sector para aportar al desarrollo”.
Los análisis advierten que insistir en esta ruta fiscal no solo afecta a las grandes corporaciones, sino también a las pymes, que enfrentan créditos más caros, y a los trabajadores, por la potencial pérdida de empleos.
En resumenEl sector privado y expertos económicos alertan que la estrategia fiscal del Gobierno, lejos de solucionar los problemas de recaudo, podría agravarlos al erosionar la base tributaria a través de la reducción de la inversión, la fuga de capitales y un menor crecimiento económico, comprometiendo la sostenibilidad fiscal a largo plazo.