Críticos no solo lo consideran antitécnico, sino que también advierten sobre sus posibles efectos negativos si se llegara a aplicar sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En el proyecto de ley, este impuesto se presenta como una herramienta de equidad fiscal.

Sin embargo, analistas como José Manuel Restrepo señalan que la tarifa propuesta del 5 % sería "la más alta del mundo", lo que desincentivaría la inversión y podría provocar la salida de capitales. Aunque la medida actual está planteada solo para personas naturales, un informe del Banco de la República ha recordado los efectos negativos de experiencias pasadas, como la reforma de 2010, cuando se incluyeron pymes en este tipo de tributos.

Según el Emisor, imponer este gravamen a las pymes generaría un "shock fiscal" con graves consecuencias.

Entre ellas, se destacan la reducción del acceso al crédito bancario, una mayor dependencia del costoso crédito comercial, una pérdida general de productividad y un aumento en el riesgo de desaparición de muchas empresas. Expertos como Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, coinciden en que la medida limitaría el acceso a financiamiento barato y distorsionaría el valor real de las compañías. El Banco de la República concluyó que revivir este impuesto para las pymes significaría un retroceso, ya que en el pasado demostró tener efectos perjudiciales sobre la acumulación de capital, el crecimiento y el empleo.