El exministro José Manuel Restrepo la ha calificado como un "acto deliberado de ‘jodencia’" que podría convertir a Colombia en una de las jurisdicciones más onerosas para la inversión en el mundo. Críticos argumentan que la reforma de 2022 ya elevó significativamente la carga fiscal, lo que resultó en una desaceleración económica, una caída en la inversión y un recaudo insuficiente.

Según análisis citados, la tasa combinada socio-empresa ya había superado el 60 % y con esta nueva reforma se dispararía aún más.

El gobierno, por su parte, a través del Ministerio de Hacienda, defiende la medida como una "palanca fundamental" para financiar el presupuesto y evitar un ajuste fiscal abrupto que afectaría la estabilidad macroeconómica. El debate en el Congreso se anticipa complejo, con la oposición y algunos sectores independientes mostrando una fuerte resistencia al articulado propuesto.