La normativa contempla dos incentivos fiscales principales para las personas naturales que compren este tipo de vehículos para su uso personal.

El primero es una deducción especial en el impuesto sobre la renta, que permite descontar una porción del valor de la inversión, reduciendo así la base gravable y el impuesto a pagar. El segundo es la exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA), lo que se traduce en un ahorro directo y significativo en el precio de compra del automóvil. Para acceder a estos beneficios, es indispensable cumplir con ciertos requisitos: el vehículo debe ser para uso personal y no para fines comerciales, y debe contar con la certificación emitida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que valida que cumple con los estándares de eficiencia energética establecidos por la ley. Esta política fiscal alinea los objetivos de recaudo y sostenibilidad, utilizando los impuestos como una herramienta para modelar el comportamiento de los consumidores en favor del medio ambiente.