La aprobación se dio tras intensas jornadas de debate en las que se presentaron tres ponencias diferentes. Una de ellas, respaldada por el oficialismo, mantenía el monto original propuesto por el Ejecutivo, el cual dependía de la aprobación de una ley de financiamiento por $26,3 billones. Las otras dos ponencias buscaban reducir el presupuesto para evitar la necesidad de una nueva reforma tributaria. Finalmente, prosperó una propuesta alternativa que planteaba el recorte de $10 billones. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó el resultado como “un escenario de acuerdos y de consensos entre el Gobierno nacional y el Congreso”, y destacó que era un “momento dulce” en la relación entre ambos poderes. Este acuerdo fue fundamental para evitar que el presupuesto fuera expedido por decreto, un escenario que generaba incertidumbre jurídica y política.

El proyecto ahora pasará a segundo debate en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado.