La inquietud se centra en dos frentes principales.

Por un lado, se analiza el riesgo de ampliar la base gravable de impuestos como el de patrimonio para incluir a las pymes. Un informe del Banco de la República recordó que una medida similar en 2010 tuvo efectos negativos, como la reducción del crédito bancario y una mayor dependencia de financiación comercial más costosa, lo que puso en riesgo la supervivencia de muchas empresas. Por otro lado, propuestas específicas de la nueva reforma, como la eliminación de la exención de IVA para servicios digitales (hosting, cloud computing), son vistas como un golpe directo a la competitividad de las microempresas. Para este segmento, que opera mayoritariamente bajo el régimen simplificado, el IVA no es un impuesto descontable, sino un costo adicional que frena la inversión en tecnología y digitalización. Expertos advierten que, si bien el objetivo de la reforma es aumentar el recaudo, imponer una carga fiscal adicional a las pymes podría generar un “shock fiscal” con consecuencias adversas en el empleo, la inversión y la formalidad, resultando en un retroceso para la economía nacional.