La medida busca incentivar la transición energética y reducir el impacto ambiental del transporte en Colombia, alineando la política fiscal con los objetivos de sostenibilidad del país. La normativa establece dos incentivos fiscales principales para los compradores.

El primero es una deducción especial en el impuesto sobre la renta, que permite a los contribuyentes disminuir la base gravable de su declaración al descontar una porción del valor de la inversión en el vehículo. El segundo es la exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA), lo que se traduce en un ahorro directo y significativo en el precio de compra. Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes deben cumplir con requisitos específicos: el vehículo debe ser para uso personal y no para fines comerciales, y debe contar con la certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que valida el cumplimiento de los estándares de eficiencia energética. La DIAN ha aclarado que la aplicación de estas exenciones está condicionada a la presentación de todos los documentos tributarios correspondientes, como la factura de venta. Esta política fiscal no solo alivia la carga económica de los ciudadanos interesados en tecnologías limpias, sino que también refuerza el compromiso del Gobierno con la reducción de emisiones contaminantes.