Esta interdependencia ha generado un intenso debate político.

Mientras el Gobierno insiste en un debate integral, sectores de oposición y congresistas independientes han solicitado separar las discusiones, argumentando que primero se debe evaluar la pertinencia del gasto y luego las fuentes de financiamiento. La presión aumenta con los plazos legales, ya que si el Congreso no aprueba el presupuesto, el Gobierno podría expedirlo por decreto, un escenario que generaría incertidumbre jurídica y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo afirman querer evitar.