Esta concesión es una respuesta directa a la presión ejercida por congresistas y gremios, que han criticado duramente el proyecto por considerarlo excesivo e inoportuno. El ministro Ávila explicó que la propuesta busca “lograr un consenso y un acuerdo con el legislativo”, reconociendo implícitamente la dificultad de aprobar el proyecto en su versión original.

La reducción implicaría ajustar o eliminar algunos de los impuestos más polémicos, como el IVA a los combustibles o a los eventos culturales, aunque los detalles específicos aún no se han definido. A pesar de este gesto, algunos sectores del Congreso consideran que el recorte no es suficiente y continúan abogando por archivar la totalidad de la reforma, argumentando que el ajuste fiscal debe provenir de un recorte en el Presupuesto General de la Nación. Este movimiento del Ejecutivo transforma el debate, pasando de una posible confrontación total a un escenario de negociación sobre el tamaño y la composición final de la carga tributaria.