Gremios del sector comercial y de entretenimiento, como Fenalco y Asobares, han manifestado su profunda preocupación por las consecuencias negativas que esta medida podría acarrear para la economía formal. Los representantes de estos sectores advierten que un aumento tan drástico en la carga tributaria no solo afectará el consumo en establecimientos como bares y restaurantes, sino que también incentivará el contrabando y la ilegalidad. Según se argumenta, un incremento desproporcionado de precios en el mercado legal abre una oportunidad para que las redes de comercio ilícito ganen terreno, lo que a su vez reduciría el recaudo efectivo que se destina a financiar programas de salud y deporte en las regiones. Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares, señaló que entre sus principales preocupaciones se encuentra el “incremento desproporcionado en impuestos a licores, vinos y aperitivos”. La crítica central es que, si la medida no se acompaña de “un plan robusto de lucha contra el contrabando”, el efecto neto podría ser perjudicial tanto para las finanzas públicas como para los comerciantes que operan dentro de la legalidad, afectando además a la industria del turismo y a los pequeños tenderos.