Analistas y críticos de la medida, como el secretario de Desarrollo Económico del Huila, Jorge Andrés Géchem, argumentan que esta decisión “desincentiva la modernización del parque automotor” y representa un “freno en la movilidad limpia”. Se señala que el impacto será mayor en ciudades intermedias, donde la infraestructura de recarga para vehículos puramente eléctricos es aún insuficiente, haciendo de los híbridos una opción de transición más viable para muchos consumidores. Aunque la medida busca aumentar el recaudo, es vista como una política contradictoria con los objetivos ambientales del Gobierno, al encarecer una de las alternativas más accesibles para reducir las emisiones del sector transporte.