Sin embargo, el sector religioso ha manifestado un rechazo contundente.

Pastores y representantes de diversas congregaciones argumentan que estas actividades mercantiles no tienen un fin de lucro personal, sino que son un medio para financiar sus obras sociales, educativas y espirituales, llegando a comunidades donde el Estado a menudo no tiene presencia. Diana Lucía Murcia Toro, directora de Asuntos Religiosos de la Alcaldía de Neiva, sostuvo que el objetivo de estas actividades “no es el enriquecimiento, sino la construcción de tejido social”. Por su parte, organizaciones como Dejusticia han defendido la medida, argumentando que las exenciones tributarias actuales favorecen a religiones institucionalizadas, vulneran la libertad de cultos y no distinguen entre congregaciones con dificultades económicas y aquellas que han acumulado grandes fortunas.