En cuanto al impuesto de renta, el proyecto eleva las tarifas marginales para ingresos superiores a 4.100 UVT, llegando a un techo del 41%.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, cuestionó este enfoque, afirmando que “se le está subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido” y no necesariamente a los grandes capitales que utilizan paraísos fiscales. En materia de impuesto al patrimonio, la reforma es aún más drástica: reduce la base exenta de 72.000 UVT a 40.000 UVT (aproximadamente $1.992 millones), lo que ampliaría considerablemente el número de contribuyentes obligados a declarar.

Además, establece tarifas progresivas que van del 0,5% al 5%.

Analistas advierten que estas medidas podrían desincentivar el ahorro, la inversión en activos fijos e incluso provocar la fuga de capitales, ya que los contribuyentes podrían optar por cambiar su domicilio fiscal. La reforma también contempla cambios en las ganancias ocasionales, reduciendo beneficios para herencias y aumentando la tarifa sobre loterías al 30%, lo que endurece el marco tributario sobre la transferencia y acumulación de riqueza en el país.