El plan original del Gobierno contemplaba aplicar una tarifa del 10% en 2026 y 2027, para luego subirla al 19% a partir de 2028.

El Ministerio de Hacienda estimó que la reforma en su conjunto podría añadir hasta 0,44 puntos porcentuales a la inflación, un cálculo que muchos analistas y gremios consideraron subestimado. Sectores como el agropecuario, representado por el Comité de Ganaderos del Huila, y el de transportes advirtieron que un encarecimiento de los combustibles se traduciría inevitablemente en mayores costos logísticos, afectando los precios de alimentos y bienes básicos. El analista económico Camilo Rodríguez señaló que, aunque las personas de ingresos altos consumen más combustible en términos absolutos, el gasto en gasolina de una motocicleta representa una proporción muy alta del ingreso de una persona de bajos recursos. La presión política fue tan intensa que, según declaraciones del representante Wilmer Castellanos, el Gobierno accedió a retirar esta propuesta para facilitar la negociación del proyecto en el Congreso. Esta concesión evidencia la sensibilidad política del tema y el temor a un impacto directo en el bolsillo de la clase media y los sectores más vulnerables.