El proyecto se ha convertido en el eje del debate económico y político del país, generando una profunda división entre el Ejecutivo, los gremios económicos y el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido la reforma como una herramienta indispensable para garantizar la estabilidad fiscal y financiar programas sociales clave, argumentando que sin estos nuevos ingresos, el país se vería obligado a recurrir a un mayor endeudamiento. La propuesta se estructura sobre varios pilares: la creación de nuevos gravámenes, el aumento de tarifas existentes y la eliminación de algunos beneficios tributarios. Centros de pensamiento como ANIF y Fedesarrollo han expresado serias preocupaciones, señalando que la reforma podría desincentivar la inversión y el ahorro, restringir el crecimiento económico y sobrecargar a los contribuyentes habituales en lugar de ampliar la base fiscal y combatir la evasión.

Advierten que el Gobierno debería priorizar una reducción significativa del gasto público, que consideran ha crecido a un ritmo injustificado. La discusión en el Congreso se anticipa compleja, dada la proximidad de las elecciones y la renuencia de los legisladores a aprobar una segunda reforma tributaria en el mismo cuatrienio, lo que ha llevado al Gobierno a contemplar una reducción del monto a recaudar para lograr un consenso.