El senador Didier Lobo, en una intervención en el Senado, afirmó que la decisión “en nada afecta a Israel, pero sí golpea fuertemente a nuestro país”. Según sus cifras, la prohibición significará dejar de recibir 447 millones de dólares anuales por exportaciones y cerca de 650 mil millones de pesos en impuestos y regalías, recursos vitales para la inversión social en las regiones productoras.

El impacto más grave, sin embargo, sería en el empleo.

Los sindicatos del sector ya alertan sobre una posible “masacre laboral”, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos en una de las zonas con mayores índices de desempleo del país. Además, el senador Lobo advirtió que la medida expone al Estado colombiano a millonarias demandas internacionales por incumplir los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio con Israel. Gremios como Fenalcarbón han calificado la medida como una “fase extrema de persecución ideológica” hacia el sector minero, que se suma a otras cargas tributarias propuestas en la reforma fiscal.