Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por líderes religiosos.

El pastor Jemmay Andrés Figueroa Cuéllar argumenta que gravar estas actividades “desconoce la misión social que estas cumplen”, ya que los recursos generados “no buscan lucro personal, sino sostener obras sociales, educativas y espirituales”.

Por otro lado, organizaciones como Dejusticia han defendido la medida, apelando a los principios del Estado laico y señalando que las exenciones tributarias a las iglesias ignoran que algunas “han amasado grandes fortunas” y pueden convertirse en “centros de lavado de activos sin un riguroso control estatal”. Este punto de la reforma pone sobre la mesa la discusión sobre dónde termina la actividad religiosa y dónde comienza la económica, un tema incómodo pero necesario para la equidad fiscal del país.