Fenalco, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, ha calificado la medida como un “despropósito” que “impacta directamente al consumidor”. Según Cabal, este nuevo impuesto es un “golpe directo al acceso de los ciudadanos a la cultura y el entretenimiento”, convirtiendo lo que debería ser un derecho en “un lujo al alcance de menos personas”. Además del impacto en los consumidores, el gremio advierte sobre las consecuencias para la sostenibilidad del sector, que genera más de 660.000 empleos. Una de las mayores preocupaciones es el efecto negativo que podría tener sobre la Ley de Espectáculos Públicos y la Contribución Parafiscal Cultural (CPC), un sistema donde los grandes eventos financian escenarios culturales más pequeños. Fenalco estima que el recaudo de esta contribución podría reducirse entre un 57% y un 73%, afectando gravemente a los teatros y centros culturales que dependen de esos recursos. Ante la controversia, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno analiza la posibilidad de revisar este impuesto como parte de las negociaciones en el Congreso.