Gremios como Asobares y Fenalco han manifestado su profundo rechazo.

Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares, advirtió sobre la “alta inconveniencia que tiene, no solamente para el entretenimiento nocturno, cultural, la industria de licores y bebidas, también para los tenderos y el turismo del país”. Los críticos sostienen que un aumento desproporcionado en los precios incentivará el contrabando, un problema ya existente que reduce el recaudo legal y pone en riesgo la salud pública. Además, la medida impactaría directamente las finanzas de los departamentos, ya que el impuesto al consumo de licores es una de sus principales fuentes de ingreso para financiar programas de salud y deporte.

Si el consumo legal se contrae debido a los altos precios y el auge del contrabando, las rentas territoriales podrían verse seriamente afectadas. Aunque el Gobierno podría argumentar que la medida busca desincentivar el consumo de alcohol por razones de salud pública, la industria advierte que el efecto principal sería un golpe a la economía formal y a las arcas regionales.