La propuesta del Gobierno Nacional de imponer un IVA gradual a la gasolina y al ACPM se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos de la nueva reforma tributaria, generando un intenso debate sobre su posible impacto en el costo de vida de los colombianos. El proyecto de ley de financiamiento plantea gravar los combustibles con una tarifa que ascendería progresivamente hasta el 19%. El Gobierno justifica la medida en la necesidad de cubrir el déficit fiscal, en gran parte originado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Sin embargo, la propuesta ha encontrado una férrea oposición de diversos sectores.
Gremios económicos como ANIF y Fenalco, junto con asociaciones sectoriales, advierten que el impuesto encarecerá los fletes y el transporte de alimentos, lo que se traducirá inevitablemente en un aumento de precios en la canasta familiar. Luceni Muñoz Bermeo, del Comité de Ganaderos del Huila, expresó su preocupación afirmando que “el ACPM es el combustible que el sector agropecuario requiere para absolutamente todo el desarrollo de la actividad”, por lo que “habrá un aumento de costos que en últimas afectará la canasta familiar”. A pesar de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha calificado el efecto sobre la inflación como “marginal”, la presión política ha sido considerable. De hecho, el representante Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, reveló que el Gobierno estaría dispuesto a eliminar esta propuesta para lograr un consenso y facilitar la aprobación del Presupuesto General de la Nación, reconociendo el alto costo político y social de la medida.
En resumenLa propuesta de gravar los combustibles con IVA es central en el debate de la reforma, enfrentando la necesidad fiscal del Gobierno con las advertencias de un impacto inflacionario significativo. La posible eliminación de esta medida por parte del Ejecutivo para lograr un acuerdo político demuestra su alta sensibilidad y las dificultades para su aprobación en el Congreso.