Ante la fuerte resistencia política y gremial, el Gobierno Nacional ha mostrado disposición para negociar y reducir el monto de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la posibilidad de un recorte de $10 billones, lo que bajaría la meta de recaudo de $26,3 billones a $16,3 billones y ajustaría el Presupuesto General de $557 a $547 billones. Esta señal de flexibilidad busca lograr un consenso con el Congreso y evitar que el proyecto se hunda o que el presupuesto deba ser expedido por decreto. La propuesta de recorte fue confirmada por el ministro Ávila durante su intervención ante las Comisiones Económicas Conjuntas. “El Gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de $10 billones en el presupuesto global del año 2026 y, paralelamente con ello, realizar un ajuste en el proyecto de Ley de Financiamiento”, afirmó. Esta apertura al diálogo fue corroborada por congresistas como Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, quien reveló que el presidente Petro habría dado "vía libre" al ajuste. Esta negociación implicaría la eliminación de algunos de los impuestos más polémicos.
Castellanos mencionó específicamente que el incremento del IVA a los combustibles (gasolina y diésel) sería una de las medidas que se retirarían del proyecto.
Sin embargo, para algunos sectores del Congreso, este recorte no es suficiente.
Existen proposiciones que buscan eliminar la totalidad de la reforma, es decir, un recorte de $26,3 billones, argumentando que el Gobierno debería enfocarse en reducir el gasto público en lugar de aumentar los impuestos. La representante Katherine Miranda, por ejemplo, ha señalado que el presupuesto está "inflado en más de $44 billones". La discusión, por tanto, se centra ahora en la magnitud del ajuste y en cuáles impuestos específicos serían sacrificados para alcanzar un acuerdo político.
En resumenEn una movida estratégica para salvar la reforma tributaria, el Gobierno ha ofrecido reducir su meta de recaudo en $10 billones y eliminar algunos de los impuestos más impopulares, como el del combustible. Aunque esto abre una vía de negociación, la brecha con las demandas de la oposición sigue siendo grande, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro fiscal del país.