Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, criticó esta medida, señalando que una persona con ingresos superiores a $10,2 millones mensuales, aunque bien posicionada, "no es una persona que esté llevando su plata a paraísos fiscales", por lo que "se le está subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido". La reforma también elimina beneficios como el descuento por dividendos y la deducción por dependientes.

En lo que respecta al impuesto al patrimonio, la base exenta se reduce significativamente, de 72.000 UVT a 40.000 UVT (aproximadamente $1.992 millones), lo que ampliará considerablemente el número de contribuyentes afectados. Además, se establecen tarifas progresivas que van del 0,5 % al 5 %.

Expertos como Mauricio Marín Elizalde advierten que "lo que está en juego es la seguridad patrimonial de las familias y empresas", y que para obtener recursos, el país "debe atraer inversión, no ahuyentarla".

La tributación sobre ganancias ocasionales también se vuelve más estricta, reduciendo beneficios para herencias y aumentando la tarifa sobre loterías al 30 %.