Líderes religiosos han rechazado la medida.

El pastor Jemmay Andrés Figueroa Cuéllar argumenta que gravar estas actividades "desconoce la misión social que estas cumplen", ya que los recursos "no buscan lucro personal, sino sostener obras sociales, educativas y espirituales". Diana Lucía Murcia Toro, directora de Asuntos Religiosos de Neiva, coincide en que el objetivo de estas actividades es "la construcción de tejido social". Por otro lado, organizaciones como Dejusticia han argumentado que las exenciones tributarias a las iglesias vulneran la libertad de cultos al favorecer a religiones institucionalizadas y deben revisarse en un Estado laico. Además, señalan la existencia de congregaciones que han amasado grandes fortunas y el riesgo de que algunas se conviertan en centros de lavado de activos sin un control estatal riguroso.