El proyecto establece un gravamen del 19 % a las entradas para eventos cuyo valor exceda los $500.000, según una versión, o $470.000, según otra.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la medida como un "despropósito" que "limita el acceso de los ciudadanos a la cultura y pone en riesgo la sostenibilidad del sector de espectáculos públicos". Según el gremio, este sector ha crecido más del 133 % en la última década y genera más de 660.000 empleos. Cabal argumenta que el impuesto no solo encarecería la boletería de mayor valor, sino que terminaría afectando todos los rangos de precio, convirtiendo el esparcimiento en "un lujo al alcance de menos personas". Además, Fenalco advierte que este nuevo impuesto sería un retroceso frente a la Ley de Espectáculos Públicos (Ley 1493 de 2011), que creó un sistema donde los grandes eventos financian escenarios culturales más pequeños a través de la Contribución Parafiscal Cultural (CPC). El nuevo gravamen podría reducir el recaudo de esta contribución entre un 57 % y un 73 %, con "efectos devastadores" sobre los escenarios que dependen de esos recursos. Camilo Ospina Guzmán, de Asobares, también incluyó el gravamen a los espectáculos entre las principales preocupaciones de su sector.