Reforma tributaria aumenta la carga sobre la renta y el patrimonio de personas de altos ingresos

La Ley de Financiamiento 2025 propone ajustes significativos en la tributación de las personas naturales con mayores ingresos, endureciendo las condiciones del impuesto de renta y el impuesto al patrimonio. Estas medidas buscan aumentar la progresividad del sistema fiscal, pero han sido criticadas por su potencial efecto desincentivador sobre la inversión y el ahorro. En concreto, el proyecto eleva la tarifa marginal máxima del impuesto sobre la renta del 39 % al 41 % para quienes ganen más de $10,2 millones mensuales. Además, se propone reducir el umbral para declarar el impuesto al patrimonio, que pasaría de un patrimonio líquido de aproximadamente $3.400 millones a cerca de $2.000 millones, lo que, según el Gobierno, aumentaría el número de contribuyentes a 105.332. Otra modificación relevante es el aumento del período de posesión de un activo de dos a cuatro años para que la utilidad en su venta sea considerada ganancia ocasional y no renta líquida, lo que en la práctica incrementa la carga fiscal sobre las ventas de bienes como inmuebles. José Ignacio López, presidente de ANIF, ha calificado estas medidas como “confiscatorias”, advirtiendo que podrían acelerar la fuga de capitales. Según López, el número de declarantes de renta en los tramos más altos ya ha disminuido tras la última reforma, una tendencia que podría agravarse con estos nuevos ajustes.

En resumen

La reforma tributaria endurece los impuestos para las personas de mayores ingresos, aumentando la tarifa máxima de renta al 41% y reduciendo el umbral del impuesto al patrimonio. Aunque el Gobierno busca mayor progresividad, expertos advierten que estas medidas son confiscatorias y podrían desincentivar la inversión y provocar una fuga de capitales.

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