La medida es criticada por su impacto fiscal y laboral, así como por los riesgos jurídicos que implica para el país. El senador Didier Lobo ha sido una de las voces más críticas en el Congreso, afirmando que la prohibición “en nada afecta a Israel, pero sí golpea fuertemente a nuestro país”. Según sus estimaciones, Colombia dejará de percibir 447 millones de dólares anuales por exportaciones y cerca de 650 mil millones de pesos en impuestos y regalías, recursos vitales para la inversión social en las regiones mineras. Los sindicatos del sector ya alertan sobre una posible “masacre laboral”, dado que miles de empleos dependen directamente de esta actividad. Además, el congresista advirtió que la medida desconoce los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio con Israel, lo que expone al Estado colombiano a millonarias demandas internacionales. En respuesta, trabajadores mineros y comunidades de La Jagua de Ibirico han convocado a una marcha de protesta bajo el lema “Sin carbón no hay futuro”, reflejando el profundo impacto que la decisión tendrá en la economía local.