Esta medida ha sido calificada como una contradicción directa con los objetivos de sostenibilidad y transición energética que el propio Gobierno ha promovido.

La Asociación Colombiana de Concesionarios de Automotores (Aconauto) rechazó enfáticamente la propuesta, calificándola de “dañina para el país”. El gremio argumenta que el incremento desincentivará la compra de estas tecnologías intermedias, que son cruciales para la renovación del parque automotor en un país donde la infraestructura para vehículos 100 % eléctricos aún es limitada. Según sus cálculos, un vehículo de $100 millones pasaría a costar $113,3 millones, lo que ralentizará la adopción de tecnologías más limpias. Varios analistas y congresistas han señalado la “falta de coherencia” del Ejecutivo, pues mientras se penalizan tecnologías de transición, se mantienen beneficios para otros sectores.

El proyecto de ley especifica que los vehículos eléctricos puros mantendrían el IVA del 5 %, pero el castigo fiscal a los híbridos es visto como un freno a una opción más accesible para los consumidores que buscan reducir su impacto ambiental. Esta medida, según los críticos, no solo va en contravía de las metas ambientales, sino que también afecta la competitividad del sector automotor y la capacidad de los ciudadanos para acceder a una movilidad más sostenible.